Moderación salarial, ganancia patronal
Ya se viene produciendo un “pacto de rentas” de manera implícita según el Banco de España que perjudica de manera grave el poder adquisitivo de la clase asalariada.
En una comparecencia de prensa realizada el pasado 2 de diciembre, Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, valoró los resultados del Informe del Banco de España sobre la evolución económica y financiera de las empresas españolas desde 2021 al tercer trimestre de 2022, señalando que ya se viene produciendo un pacto de rentas “de facto”. Indica este economista que es obvio que «los trabajadores han perdido renta al crecer sus salarios por debajo de la inflación. Y en el análisis sobre el comportamiento del margen sobre ventas también se observa que pese al aumento de resultados ha habido una pérdida de márgenes para las empresas».
La realidad que se viene produciendo y que reflejan incluso las propias estadísticas del Informe del Banco de España es que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios durante 2022. Las ganancias de las compañías no financieras han aumentado un 21% de media hasta el tercer trimestre de este año con respecto a 2021, debido a la recuperación de la actividad económica tras la pandemia y a las subidas de precios. Cabe destacar, en este sentido, que los llamados productos de primera necesidad han tenido aumentos en España que incluso superan el 40%. Productos como la harina, la mantequilla o el azúcar, alcanzaron en octubre aumentos del 37,8%, 34,1% o el 43% interanual, respectivamente. En cambio, el gasto en personal por cada trabajador (que incluye salarios y cotizaciones) se ha elevado apenas un 3%. De modo que el crecimiento de los beneficios patronales es tres veces mayor al de este coste laboral. Los siguientes gráficos resultan ilustrativos.
En el mismo sentido, el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria de octubre de 2022 también muestra que las empresas han disparado sus beneficios hasta un 25% con una subida de precios que perjudica las economías familiares. Se ha producido un quebranto en el poder adquisitivo de los salarios que alcanza al 13% con respecto a octubre de 2020, lo que equivale, en términos de salarios reales, a la pérdida de casi dos de las catorce pagas mensuales. Dato al que también hay que sumar los efectos de la subida del precio del dinero, que a su vez encarece ámbitos como el acceso a la vivienda, todavía no incluidos en el cálculo del IPC.
E igualmente, este informe de la Agencia Tributaria relativo al ritmo de las ganancias en función del tamaño de las empresas también constata, paralelamente al mayor beneficio de las sociedades de mayor envergadura, la consolidación de una tendencia a la destrucción del tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, muy concentradas en actividades como la hostelería y los servicios personales y de ocio.
Las explicaciones que dan desde el gobierno de coalición sobre esta situación de empobrecimiento de la clase trabajadora y del deterioro del sector empresarial minorista, no pueden ser más claras: el pasado 2 de diciembre, en un acto público del periódico “La Información“, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, expresó que: «Las empresas y el Gobierno jugamos en el mismo equipo. Todos y todas queremos que la economía crezca, que el país gane en productividad y que se cree empleo de calidad».
Según Montero, estos objetivos ya se están cumpliendo mediante políticas “serias” de gasto público como las que se han venido implantando desde el gobierno. Sin embargo, la realidad que vive la clase asalariada en nuestro país, un escenario vivido y sentido pero también patente en las estadísticas y en los datos del INE, es que muestra un recorte del 13% en los salarios en dos años y que las mujeres, jóvenes e inmigrantes son los colectivos más castigados.
¿Dónde están las políticas “progresistas” del gobierno PSOE-UP que hasta ahora sigue protegiendo los intereses de los grandes grupos económicos (sectores financiero y de la energía, en particular)?
¿Qué hacen los dirigentes de las centrales sindicales autodenominadas mayoritarias por intentar revertir el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y de las capas populares?
Urge una subida de los salarios y pensiones acordes con el incremento del coste de la vida que impida la pérdida de poder adquisitivo que se ha venido experimentando. Asimismo, es precisa una amplia movilización social para recuperar las cláusulas de revisión salarial que la re-reforma laboral del PSOE y Unidas Podemos se negó a reincorporar de manera obligada en la negociación de los convenios colectivos. Estas cláusulas, obligatorias y actualizadas mensualmente con la inflación real, son imprescindibles para impedir que las empresas sigan haciendo recaer la inflación sobre los salarios con gravísimos perjuicios a la mayoría social. Sin embargo, es necesario que esta movilización no sea exclusivamente economicista, sino además social y política, que aúna la reivindicación de condiciones de vida y trabajo dignas con la defensa de la paz, completamente necesaria, máxime en el contexto actual, para frenar los actuales procesos de inflación al mismo tiempo que finiquite los presupuestos de guerra.