El imposible cambio del vigente sistema productivo

Patronal y administraciones públicas son el principal obstáculo para un cambio del sistema productivo. Sin embargo, la solución al problema es más compleja.

Aunque la cuestión no es nueva, la pandemia ha puesto sobre la mesa la urgencia de una reindustrialización del país. No obstante, los hechos evidencian que lejos de apostar por ello, cada día estamos más lejos. 

Una reconversión industrial no se acomete, como pide la patronal, exclusivamente mediante partidas presupuestarias, regulaciones legales y relajación fiscal de determinadas actividades. Sin embargo, y a pesar de que se han implementado en repetidas ocasiones, especialmente en los últimos años, se demuestran a todas luces insuficientes.

¿Son las empresas las que generan empleo?

Existe una práctica unanimidad en los medios de masas, en la clase política y empresarial en que las empresas son las que generan el empleo y la riqueza. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Si hacemos una retrospectiva a los datos de desempleo y a la evolución del peso de la iniciativa privada en el PIB esta afirmación se torna bastante cuestionable. 

Desde 1990 hasta hoy, en sólo tres períodos anuales la tasa de desempleo ha estado por debajo del doble dígito, marcando un mínimo en el 8,3% en 2006, y con dos períodos de 6 años cada uno por encima del 20%, casi la mitad del período por encima del 20% de desempleo.

Las últimas tres décadas se han caracterizado por fuertes privatizaciones. Además, la iniciativa privada ha dispuesto de mayor libertad de movimientos y mayor nivel de desregulación, precisamente lo que siempre han pedido. Y durante esas tres décadas, han demostrado su incapacidad para generar empleo y el poco empleo generado totalmente inestable y precario.

Tampoco se debería soslayar, y desde postulados absolutamente ceñidos a la lógica capitalista, que casi ninguna de las grandes empresas que componen el Ibex 35 ha sido capaz de competir de tú a tú en mercados internacionales con empresas de otros países. Esto es un síntoma evidente de la incapacidad de las grandes empresas del país de operar sin dependencia de externalizaciones y contratos públicos.

Una de las últimas evidencias de este hecho es la subvención a la compra de automóviles. Varios miles de millones de euros de dinero público han ido destinados a fomentar la compra de vehículos. El pretexto ha sido que la industria automovilística es importante para nuestra economía. «Industria» que únicamente se limita al montaje con licencias extranjeras. Pero más allá de la presión patronal y de la cesión del gobierno central, no deja de sorprender la «ocurrencia» de amplios sectores de la izquierda abogando por la nacionalización de las factorías de Nissan como solución al conflicto. Dicha nacionalización no sólo no serviría de nada, sino que ahondaría en los problemas. No obstante, lo más dramático de todo es que con esa propuesta la izquierda demuestra no comprender el fondo del asunto:. Nacionalizar sin patentes no sirve para nada.

Un nuevo modelo económico

El papel que desempeñan las administraciones públicas tampoco evidencia una apuesta clara hacia un cambio de modelo productivo, más bien todo lo contrario.

Una de las cuestiones más sangrantes es la energética. En España se paga una de las facturas de electricidad más caras de toda Europa. Sin embargo, Alemania produce más energía fotovoltaica que España aun teniendo la mitad de sol.

Un cambio hacia el modelo energético fotovoltaico, por ejemplo, provocaría un descenso drástico en la factura de la luz de los consumidores. Pero este no es el único beneficio, ya que modelo generaría cientos de miles de puestos de trabajo en su mayoría cualificados. El país se situaría como líder en producción y exportación de energía eléctrica a Europa, con todo lo que ello supondría en la balanza de pagos.

¿Y por qué no se hace? Pues fundamentalmente porque hay intereses —en su mayoría domésticos— para que no se haga. Ni Endesa ni Iberdrola, por citar algunas, están dispuestas a renunciar a sus suculentos peajes eléctricos. También tendrían que invertir en infraestructura —que rentabilizarían en corto plazo— para moverse hacia un modelo diferente. No en vano, tanto poder legislativo como judicial avalaron el impuesto al sol, algo insólito en lo que tuvimos el dudoso honor de ser pioneros. 

Todo ello no son más que evidencias de que quienes marcan la pauta de las políticas económicas son intereses empresariales. La suerte de la gran mayoría de la población está ligada a estas políticas económicas y, por ende, en conflicto con dichos intereses. Intereses de parte que lejos de competir en un supuesto «mercado libre» que tanto reivindican, necesitan a las administraciones públicas para que legislen a su favor —como ya se indicó en el artículo de las farmacéuticas patrias— y que no haya nadie que les puede hacer sombra o ponerles en peligro su negocio, aunque para ello haya que ir en contra de la ciencia y el progreso que tanto defienden.

No es casual la reacción furibunda de la patronal turística pidiendo la dimisión de Fernando Simón por saludar las medidas tomadas por Reino Unido. Como tampoco lo es la única conclusión del Cónclave de «gurús» del Ibex 35 pidiendo que no se tocara la reforma laboral. Ambas manifestaciones obedecen al mismo problema de fondo: todo vale para que los mismos de siempre mantengan su negocio y sus privilegios. Ellos no pueden perder, aunque esto signifique negar la ciencia, aunque la sociedad se pauperice, aunque los servicios públicos esenciales sean ineficaces, aunque muera gente.

Por ello, ante un reto de tal calibre como es reindustrializar un país, la clase empresarial española se muestra a todas luces ineficaz e ineficiente y lejos de ser una ayuda es un lastre para tal propósito. 

No obstante, habrá que exigir al conjunto de la sociedad su grado de responsabilidad en este despropósito. Aunque las administraciones públicas y la patronal fuesen favorables a un cambio de forma inmediata, habría que formar personal cualificado y desarrollar industria paralela para poder tener una soberanía económica real y no depender de terceros países. Esto impacta de lleno en el sistema educativo, un sistema en el que tanto las enseñanzas medias como superiores demuestran ser incapaces de formar personal, salvo honrosas excepciones, que pueda asumir la tarea fundamental de la creación de diseños y prototipos industriales. Y en esto, todos tenemos algo que ver.

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