El “sabotaje” de la Derecha a la nueva Ley de Educación

Aunque la nueva ley de educación, la LOMLOE, recupera los elementos más progresistas de las anteriores leyes orgánicas, no incorpora ningún cambio sustancial de avance para la educación pública. Pese a ello, las derechas han orquestado ataques furibundos y proponen su boicot hasta donde puedan.

Una vez aprobada por mayoría en el Congreso y en el Senado, la nueva ley de Educación (LOMLOE), entrará en vigor para el curso 2021-22. No va a ser una vez más, una ley de consenso. Soy de los que piensa que ese consenso es imposible por dos cuestiones. Por un lado, por el debate de si la religión tiene que estar dentro o fuera de la escuela, pero sobre todo y más trascendente, por el tema de la enseñanza concertada. La primera cuestión no se puede resolver de una manera clara y definitiva, mientras no se deroguen los Acuerdos con la Santa Sede (1979). La segunda por la decidida apuesta ideológica y económica, que desde hace décadas, vienen realizando las fuerzas conservadoras y confesionales en favor de la enseñanza concertada.

Como es sabido, la enseñanza concertada tomó carta de naturaleza en 1985 con la LODE. El argumento que dio el PSOE, con mayoría absoluta en aquel momento, fue que al no existir suficientes puestos escolares, ni la posibilidad económica ni temporal para crearlos, se permitían de manera transitoria y subsidiaria a la red pública los conciertos educativos. Han pasado décadas y desde entonces, este tipo de enseñanzas no han parado de crecer. Las transferencias a la concertada han crecido más del 25% entre los años 2007 a 2017.

Las previsiones de escolarización del curso 2019-20 han sido de algo más de 8 millones de alumnos y alumnas, de los que un 67% estarían en la pública y el resto en la concertada y privada. Visto así tal vez pueda parecer una proporción bastante razonable y asumible. Sin embargo, como en toda media aritmética, hay muchos  matices escondidos detrás.

Mientras que la educación pública debe llegar a todos los rincones del estado, la concertada solo elige aquellos lugares que les son rentables económica e ideológicamente. Es decir aquellos grandes núcleos de población, donde su oferta es bien recibida por una buena parte de familias urbanas confesionales.

La educación pública escolariza el 74 % del alumnado con necesidades educativas especiales y el 78´5% del alumnado inmigrante. Otro dato más, mientras  la concertada oferta el servicio de comedor escolar en el 85´4% de sus centros, la red pública solo lo hace en el 56´8%.

La distribución de las redes tampoco es homogénea en el conjunto del estado. Mientras que en Euskadi la red concertada supone prácticamente el 50%, en Castilla-La Mancha no llega al 20%. En la comunidad de Madrid la pública es un 54% y la concertada un 30%, pero es que la privada es el otro 16%. A estos datos hay que añadir que la ubicación de los centros concertados tampoco está homogéneamente repartido en las distintas comunidades y provincias, sino que tal como apuntamos antes, se concentran en las capitales y grandes núcleos urbanos, donde superan con creces a la red pública.

A la vista de esta situación, no deja de sorprender la virulenta campaña llena de bulos y desinformación, que las derechas han mantenido durante el debate parlamentario y que siguen manteniendo tras la aprobación de la ley. Cuestiones como que esta ley, lo que pretende es eliminar la enseñanza concertada, eliminar los centros de educación especial, acabar con la religión en la escuela o del castellano en Cataluña, no tienen fundamentos rigurosos basados en la realidad.

Los motivos que los defensores de la concertada consideran un ataque a estas enseñanzas son, la supresión del concepto de “demanda social” introducido por la ley Wert (2013) que permitía aumentar el número de unidades si era solicitado por las familias, una nueva distribución más equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, emigrantes y clases desfavorecidas, no segregar por sexos, prohibir la cesión de suelo para la construcción de centros concertados, el no cobrar cuotas y el que la religión deje de tener una asignatura alternativa para quien no la cursa y sirva para las ayudas y becas.

¿Cómo van a estar en peligro unas enseñanzas que en los presupuestos del próximo año, suben el 5´62% más que en el año 2018? El mismo Consejero de Educación de Andalucía, donde gobiernan las derechas, ha venido a reconocer recientemente que «La educación concertada no corre ningún tipo de riesgo ante la nueva ley en Andalucía. Nunca ha estado más protegida y segura.»

El argumento del cierre de los centros de educación especial es otra falacia. Lo que hace la ley, obligada por un informe negativo de la ONU sobre falta de inclusión en nuestro país, es aumentar la inversión a lo largo de los próximos diez años para mejorar la inclusión educativa. Como es lógico, siempre serán necesarios centros para el alumnado gravemente afectado y que por tanto seguirán existiendo.

No conformes con que la religión sea una materia de oferta obligada en los centros, por los Acuerdos con el Vaticano, quieren imponer para quienes no la cursen una asignatura alternativa y que su nota sirva para becas, tal y como legisló el PP en la LOMCE y que ahora con la nueva ley desaparecen.

La polémica del catalán como lengua vehicular está ligada sobre todo con el conflicto territorial, ya que  la redacción que ahora se recupera, existía en la ley anterior a la ya citada LOMCE sin suponer ningún problema y sin que el castellano haya desaparecido, como claman ahora los agoreros del nacionalismo español.

Con estos argumentos, algunos dirigentes del Partido Popular han realizado declaraciones, en el sentido de blindar la enseñanza concertada frente a la nueva ley. Las medidas que dicen van a tomar en los gobiernos autonómicos donde gobiernan, serán las de adelantar los procesos de escolarización, el aumento de los años de los conciertos y mantener las subvenciones a los centros que segregan por sexo. Las posiciones políticas están claras, intentar sabotear o al menos retrasar, la entrada en vigor de algunos aspectos de la ley recientemente aprobada. Siendo esa postura obstruccionista una declaración de principios, en la práctica tiene menos alcance de lo que parece. 

Los trámites de adaptación de la ley a las leyes autonómicas llevan un tiempo y no la harán estar vigente hasta el curso 2021-22. Por tanto los procesos de escolarización para el próximo curso escolar, se tienen que realizar con las normas actuales. Adelantarlos como dice la presidenta Ayuso de la comunidad de Madrid, no tiene ningún sentido práctico. Del mismo modo que mantener los conciertos de aquellos centros que segregan por sexos. En la práctica solo podrían mantenerse hasta la entrada en vigor de la ley, es decir un curso más.

Lo de aumentar el número de años de vigencia de los conciertos de seis años a diez, es cierto que lo podrían hacer inicialmente, ya que la norma que los desarrolla, emanada de la ley Wert,  deja en manos de las administraciones educativas la potestad de regularlos, aunque del mismo modo también dice con claridad, que si el estado legisla su duración esta ha de aplicarse por todas las comunidades. Es cierto que si el gobierno decidiera realizar esa regulación, podría encontrar alguna dificultad para reunir una mayoría suficiente, si el PNV y ERC que han apoyado la ley educativa, creyeran que esta regulación invade sus competencias territoriales.

Toda esta campaña de insumisión está coordinada por la plataforma “Más plurales” compuesta por las patronales de la concertada y privada, las familias católicas, los sindicatos corporativos de esos centros y los partidos políticos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Como se ve todo el bloque ideológico conservador y confesional.

Las demandas de esas familias que piden libertad para elegir el centro educativo, lo que realmente esconden, es la defensa del privilegio a tener una educación hecha a su medida, pero pagada con el dinero de todos y todas.

Apuesto por una implantación progresiva de una sola red pública de calidad y laica. Todos los centros concertados serían invitados a integrarse en ella. Los que no quisieran hacerlo pasarían a ser privados y no tendrían subvención económica alguna. Los docentes de estos centros no deberían temer por sus puestos de trabajo, ya que serían integrados en el sistema educativo público.

 Francisco Olvera López, ha sido Inspector de Educación.