Réquiem por la sanidad pública
Los “créditos de guerra” aprobados y el “pacto de rentas” que propone el Gobierno “progresista” del PSOE-UP perjudican la asistencia sanitaria y las condiciones de vida de la clase trabajadora que ya empieza a movilizarse.
La pandemia de los últimos años ha visibilizado ante la gran mayoría de población, como pocas otras circunstancias podían hacerlo, las carencias acumuladas de la sanidad pública española. Un sistema caracterizado por la importante presencia de grandes empresas privadas en la gestión de los servicios básicos y por un hospitalocentrismo que deja bajo mínimos la prevención, la atención primaria, los centros de especialidades y las plantillas de personal asistencial. Carencias que provocan graves consecuencias para la salud y la calidad de vida del conjunto de la población, tal como vienen denunciando muchos colectivos profesionales y organizaciones sociales y políticas alternativas.
Así, solo durante la última semana de marzo, el sábado 26, la plataforma estatal CAS (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad) realizó concentraciones en casi una treintena de ciudades del Estado, para reforzar su campaña de presentación y recogida de firmas por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de recuperación de la sanidad pública que necesita 500.000 firmas para su tramitación parlamentaria independiente. Iniciativa que incluye cinco ejes básicos: a) garantizar por ley una atención sanitaria universal, es decir para todas las personas, sea cual sea su situación administrativa; b) derogación de las leyes privatizadoras del Sistema Público de Salud (especialmente la 15/97) y recuperación de los centros asistenciales privatizados;c) creación de un sistema público de farmacia; d) rescate y reforzamiento de la atención primaria y, finalmente, e) que la sanidad pública se extienda también a los centros de mayores.
Por su parte, el domingo 27 de marzo, la Plataforma estatal ‘Salvemos la Atención Primaria’, entidad integrada por más de doscientas organizaciones del área sanitaria y sindicatos, igualmente se manifestó en las principales ciudades del estado para exigir al actual Gobierno PSOE-UP un avance sustancial en la protección de los derechos en salud de la ciudadanía y en particular: garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera e incrementar el presupuesto para la Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del total en este ámbito, requisito que no cumple ninguna Comunidad Autónoma y para lo que se necesitarían unos 10.000 millones de presupuesto adicional. Unas inversiones estructurales más que justificadas por los recortes presupuestarios y privatizaciones de gestión realizados durante décadas; por el colapso asistencial acentuado por la pandemia que aún sigue actuando; así como por el desamparo creciente en la atención de muchos colectivos de pacientes no COVID, como es el caso de las y los pacientes crónicos y que en particular ha supuesto la desestabilización en el proceso y el sufrimiento añadido a las mujeres con cáncer de mama, al posponer las revisiones periódicas, al igual que el bloqueo de los programas de prevención. Una inconsciencia y agresión más, cometida contra las mujeres.
Sin embargo, el presupuesto del estado para sanidad este año 2022 ascendió a tan solo 5.434 millones mientras que a Defensa se destinaron realmente 22.796 millones, contando con el apoyo de las “fuerzas progresistas” del parlamento.
Y apenas dos días después de estas movilizaciones de marzo por la sanidad pública, el actual Gobierno de la nación anticipó que se van a incrementar hasta el 2% del PIB los gastos para la Alianza Atlántica que la OTAN exige a los países europeos, más un “plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania” de 16.000 millones, de los cuales 10.000 se dedicarán a la prórroga de los créditos ICO a las empresas y otros 6.000 a ayudas y subvenciones paliativas, buscando aliviar, que no resolver, las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones (combustible, alquileres, mínimo vital, bono social…), sin cuestionar las injustas y lucrativas ganancias que siguen percibiendo las multinacionales de cada sector: salud, consumo, energía, financiero…
Ni los “créditos de guerra” ni el “pacto de rentas” entre sindicatos y patronal que propone el Gobierno de la nación que también acaba de entregar el Sáhara a Marruecos por imperativo atlantista, posibilitan garantizar el Sistema Sanitario Público que demandan nuestras poblaciones. La única opción sigue siendo redoblar nuestros esfuerzos reivindicativos y la movilización unitaria. Una de las acciones que convendrá reforzar y ampliar a más organizaciones y personas es la recogida de firmas por la ILP contra la privatización de la sanidad. En las webs de la CAS y de la propia ILP se explica con todo detalle su contenido y puede firmarse digitalmente: https://www.casestatal.org/ y https://www.recuperatusanidad.org.