La movilización popular paraliza un desahucio en Jaén

Además de detener el desahucio, la movilización ha logrado que Jéssica y sus hijos accedan a una vivienda con alquiler social.

Una movilización popular promovida, entre otras organizaciones y colectivos, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados,  ha logrado paralizar, en primer lugar, el desahucio de Jéssica, una vecina jienense residente en el Gran Eje, con dos hijos a su cargo, y más tarde, conseguir una solución habitacional para esta familia.

Desde que se había anunciado el desahucio para el día 22 de junio pasado, no han cesado las gestiones de Jéssica y de todos cuantos le apoyan para encontrar una solución habitacional digna en Jaén capital, que finalmente han logrado.

La portavoz de la organización PAH, Isabel Mateos, manifestaba a la cadena SER el 21 de junio último, una día antes de la fecha del desalojo, que ante situaciones como los desahucios, «se tienen que tomar medidas, por imperativo legal, en casos de familias que acreditan vulnerabilidad y exclusión social por falta de ingresos, cuando pesan sobre las mismas la amenaza de un desalojo». En estos casos, las administraciones tienen que buscar soluciones habitacionales que los impidan. Es preciso, añadía, «una coordinación entre todas las entidades intervinientes». En primer lugar, el Juzgado, paralizando la orden de desahucio, teniendo en cuenta la vulnerabilidad. A partir de ahí, los servicios sociales del Ayuntamiento y los de la Junta de Andalucía tienen que buscar un alternativa habitacional entre las numerosas viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias para lograr un alquiler social.

A Jéssica, añade Isabel Mateos, incluso le llegaron a  cortar el agua en plena pandemia, aunque más tarde se le restableció por gestiones nuestras. En Jaén hay muchas familias en esta situación, por desgracia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los desahucios corren paralelos a otros muchos problemas colaterales, como son los de la alimentación, el agua, la electricidad, etc. que tienen como causa compartida la carencia de ingresos. Hemos presentado, decía Isabel Mateos, «un recurso contra la orden de desalojo de  Jéssica y esperamos que el desahucio se paralice al menos hasta el próximo 9 de agosto para ganar tiempo y lograr una solución al problema de esta familia.»

Una de las pancartas que se exhibieron en la concentración vecinal ante la Subdelegación del Gobierno el sábado anterior, hacía hincapié: «ni la pandemia, ni la justicia, ni el gobierno evitan los desahucios». Otra señalaba, en referencia a un vecino de Barcelona que se suicidó en fecha reciente ante la inminencia de su desalojo: «no son suicidios, son asesinatos». Los concentrados reclamaron medidas eficientes de amparo para las familias más empobrecidas durante el curso de la pandemia. Además, interesaron del gobierno central el cumplimiento riguroso del decreto-ley 8/21 de 4 de mayo pasado, y expusieron la necesidad de habilitar un parque público de viviendas suficiente para hacer frente a situaciones de desamparo semejantes a las de Jéssica y sus dos menores.

Unos días más tarde, la propia afectada hacia unas declaraciones públicas señalando una muy buena noticia: «compañeros y compañeras, para compartir mi alegría de que me acaba de llamar la asistente social diciéndome que ya esta tarde o mañana por la mañana me adjudican un piso y la entrega de llaves y tengo que firmar lo que me entregan, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestro arropo desde que llegué y siempre que me han dado esperanzas y también muchísimo ánimo, así que muchísimas gracias y que seguimos luchando».