La Inquisición española (1)

Esta entrada es la parte 1 de 4 en la serie La Inquisición

En nuestros días, “Callejón de la Inquisición”, situado  en el barrio de Triana de Sevilla, junto al Castillo de San Jorge. Fuente: Heródoto&Cía, Portal de Historia Universal, 15.04.2017

Instrumento del poder real, vehículo de conjunción del Altar y el Trono,  mecanismo para ejercerlo sin trabas a lo largo y ancho de todos los territorios saltándose las normas forales, extraordinaria longevidad, estas son entre otras, las características de una entidad que marca la historia de España y cuyas consecuencias se han hecho sentir a lo largo del tiempo hasta nuestros días.

Una de las instituciones presentes en la historia de España sobre las que más se ha escrito, tanto en nuestro país como fuera de él, y que sin duda ha marcado nuestro devenir histórico, es la Inquisición Española. Perseguidora de herejes de todo tipo, instrumento del poder político, de gran duración temporal, dispositivo que ejemplifica la vinculación del «altar y el trono», su actuación y sus procesos marcan y al mismo tiempo arrojan luz, aunque sea tenebrosa, sobre nuestro devenir histórico,  y resulta lícito preguntarse si persiste algo  en nuestro actual estado de todo aquel fenómeno.

En varios artículos, expondremos sucintamente como era el procedimiento inquisitorial, desde su iniciación hasta su conclusión, contra quienes se dirigió fundamentalmente a lo largo del tiempo y refiriendo alguno de los principales procesos celebrados y su relación con los estatutos de limpieza de sangre. De igual forma, abordaremos las consecuencias de la actuación de esta institución, en un momento en que, de la mano de la dinámica de regresión antidemocrática que estamos viviendo, entre los muchos aspectos más siniestros de nuestro pasado sobre los que la derecha está realizando un proceso de revisión embellecedora, se encuentra el propio Santo Oficio. Así lo podemos observar fácilmente con el simple ejemplo del libro de Elvira Roca Sastre, Hispanofobia y leyenda negra, auténtico manifiesto que ejemplifica lo que estamos diciendo sobre el intento de engalanar muchos de los episodios más sórdidos de la historia española, presentando muchas veces los crímenes como hazañas, visión esta tan al gusto de las élites españolas cuando en 2018 este ensayo figuraba como el más vendido en la última década, y se ha convertido en un gran éxito editorial.

Sin entrar en sus precedentes históricos, la Inquisición se constituye gracias a la bula de 1 de noviembre de 1478 en la que el  Papa Sixto IV concede a los Reyes Católicos autorización para ponerla en marcha en las ciudades o diócesis de sus reinos, disposición que estos aprovechan para darle el carácter, desde su inicio mismo,  de un mecanismo de poder real, nombrándose para Castilla a los primeros inquisidores en 1480, y consiguiendo Fernando el establecimiento de esta nueva institución para el Reino de Aragón al avenirse el Papa, no sin resistencias,  a que los soberanos nombren a los inquisidores de este Reino. Finalmente en 1483, con la designación de Torquemada como Inquisidor General, se establece un organismo unificado para el conjunto de los reinos hispanos.

Esta es la primera característica clave del Santo Oficio español: los nombramientos de los inquisidores, y en consecuencia, los ceses, los hacen los Reyes, es decir, es el poder político el que domina y  controla a la temible organización, por lo que esencialmente es un instrumento de su poder y de sus objetivos políticos.

La segunda característica esencial que debemos resaltar es que en una situación como la española de aquella época en que concurre por un lado el Reino de Castilla, que incluye diversos territorios con estatus  peculiares y fueros propios, y el de Aragón, con distinta configuración jurídica, lo que impedía la aplicación de una política coordinada y unificada, la Inquisición se establece centralizadamente para ambos reinos, permitiendo una actuación unitaria, hasta ahora inimaginable, que hicieron saltar las malla de fueros, las normas singulares y los estatutos peculiares que segmentaban toda España, gracias a su presunto carácter religioso y con fundamento en bulas papales.

Es un formidable instrumento de poder, se puede aplicar directamente y en el que bajo el gobierno del poder real, confluye también el revestimiento y entramado religioso al tener esta condición sus dirigentes y ejecutores principales, y aparecer de manera ficticia como religiosos los fines que decía defender y como herejes sus enemigos.

Aquí aparecen  el Altar y el Trono con sus intereses fundidos, sin perjuicio de que entre ellos surgieran rivalidades y roces de diverso tipo a lo largo de la historia, y con desplazamientos temporales a favor de una y otra fuente de poder.

Este Santo Oficio no solo busca detectar y perseguir a individuos culpables de alguna de las actividades prohibidas. También se dirige contra diversos grupos, y busca un efecto político general: el de conseguir el máximo efecto con sus actividades represivas, a las que dota de un carácter público y teatral, de máxima difusión, para sembrar el terror en la población.

Como previamente había dejado indicado Nicholas Eymerich en su Manual de Inquisidores, «conviene que una gran multitud asista el suplicio y a los tormentos de los culpables a fin de que el temor los aparte del mal, en un espectáculo que llene de terror a los asistentes, y una imagen terrorífica del juicio final… pues bien, este es el sentimiento que conviene inspirar».

A su carácter de instrumento del poder político y mecanismo centralizador que podía saltarse la red de fueros y normas particulares de los territorios hispánicos, la otra característica evidente de la institución es su extraordinaria duración. Ya hemos visto que surge en las postrimerías del siglo XV, y se mantiene hasta el siglo XIX. El 15 de julio de 1834 se suprime por Real Decreto de la  regente Maria Cristina.

Pero su sombra no desaparece. Aparte de que su espíritu caló profundamente en la conciencia de los españoles, durante  el siglo XIX continuaron los intentos de restablecerla, impulsando su restauración los tradicionalistas, y abanderando el carlismo esta posición, con gran intensidad y reiteración.

En efecto, el búnker político de la época (Luis Alonso Tejada), sólidamente instalado en las más altas instituciones del estado, tales como el Consejo de Estado y de Castilla, insistían en su mantenimiento desde las primeras dudas que manifestó al respecto Fernando VII, presionado por los gobiernos francés e inglés, que la consideraban impresentable ya en aquellas fechas. Los ultras, por el contrario, instaban a su revigorización y paralela supresión de la policía, de la que no se fiaban. El restablecimiento de la Inquisición figuraba como la quintaesencia del programa político del tradicionalismo, y concretamente del partido que se apiñaba en torno al infante don Carlos.

Los testimonios que brindan los propios participantes en aquella invasión de los cien mil hijos de San Luis, certifican que los voluntarios realistas que los apoyaban gritaban «rey absoluto e inquisición», con el aval de una multitud de manifiestos de ciudades, pueblos y corporaciones, naturalmente inspirados por la Iglesia, pidiendo el restablecimiento del Santo Oficio.

Después del trienio liberal, los obispos instituyeron por su cuenta en sus diócesis las llamados Juntas de la Fe, con las mismas reglas y métodos de la Inquisición (delación secreta, prisión, incautación previa de bienes), usurpando el poder civil del estado, viéndose obligado incluso el propio Fernando VII a censurar agriamente a la Audiencia de Valencia por confirmar las sentencias de las Juntas de la Fe, que legalmente no tenían ningunas facultades.

Muchos de los levantamientos que se iban produciendo anunciando las asonadas carlistas tenían las mismas reivindicaciones: exterminio de masones y liberales, supresión de las libertades, restablecimiento de la Inquisición. El cariz de guerra santa con el que se presentaron las diversas insurrecciones carlistas pone bien de manifiesto la pervivencia de aquellas ideas, tomando incluso singular incidencia de cruzada la tercera de las insurrecciones, todavía en 1872.

En definitiva, instrumento del poder real, vehículo de conjunción del Altar y el Trono,  mecanismo para ejercerlo sin trabas a lo largo y ancho de todos los territorios saltándose las normas forales, extraordinaria longevidad, estas son entre otras, las características de una entidad que marca la historia de España y cuyas consecuencias se han hecho sentir a lo largo del tiempo hasta nuestros días.

Alberto García

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